BAGDOLI, India — Una trabajadora de la salud estaba haciendo su ronda diaria en un poblado del estado de Rajastán, en el norte de la India, cuando el esposo de una mujer con fuertes dolores de parto corrió hacia ella.
Durante meses, la trabajadora Bhanwar Bai Jadoun, le había aconsejado a la mujer que diera a luz en un hospital, pero su suegra insistió en que lo hiciera en casa con la ayuda de una partera local.
Ahora el parto se había complicado. Jadoun sugirió trasladar a la mujer a un hospital situado a 16 kilómetros del poblado, Bagdoli, y avisarles a los médicos de ese lugar. Consiguieron un mototaxi. La madre y el bebé se salvaron.
“Cuando la gente me ve todos los días, sabe que puede confiar en mí”, señaló Jadoun. “Me consideran su guía para tener una vida sana”.
Durante las dos últimas décadas, un programa gubernamental ha proporcionado atención médica básica a los hogares de todo el vasto territorio indio. Para el proyecto es esencial contar con un ejército de más de un millón de trabajadoras sanitarias, que recorren terrenos escarpados y selvas tupidas para atender a algunas de las mujeres y niños más vulnerables de la India, por una remuneración escasa y, a veces, a costa de sus propias vidas.
Estas mujeres no son médicos ni enfermeras, pero son formadas para suplir la falta de atención a la salud en lugares, tanto rurales como urbanos, donde antes no existían estos servicios. Durante años, su trabajo ha consistido en fomentar la vacunación y la planificación familiar, además de tratar enfermedades básicas.
“Se han convertido en la columna vertebral de los servicios de atención primaria en este país”, aseveró Ritu Priya Mehrotra, profesora de salud comunitaria en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi.
Durante las oleadas mortales de la pandemia de coronavirus, estas mujeres (conocidas por la sigla ASHA, que en inglés significa activista social sanitaria acreditada) tuvieron un papel decisivo en salvar la vida de cientos de miles de pacientes con coronavirus, según los funcionarios del Ministerio de Salud de la India, ya que ayudaron con la detección temprana de casos y difundieron información preventiva. Fueron fundamentales para contrarrestar las dudas sobre las vacunas y ayudar a la India a llevar a cabo una de las mayores campañas de vacunación del mundo.
Ahora que la carga de trabajo de la pandemia empieza a disminuir, estas mujeres, que dicen que su trabajo se prolonga durante más de 14 horas al día y a veces siete días a la semana, protestan en todo el país contra sus salarios bajos.
Los gobiernos regionales les pagan a las trabajadoras de la salud unos 40 dólares al mes, más incentivos. Por ejemplo, hay una bonificación de cuatro dólares por cada parto hospitalario que faciliten, y 1,50 dólares por cada niño menor de 1 año que reciba un esquema de vacunación completo.
Ellas solicitan un salario mensual de unos 150 dólares, más incentivos.
“Trabajamos incluso cuando caen proyectiles de mortero en los poblados”, señaló Bimla Devi, quien vive cerca de la frontera entre la India y Pakistán, en Jammu, donde las tropas suelen intercambiar disparos. “Cuando las personas están heridas, no puedes decirles que tu trabajo es cuidar solo a las mujeres; vas y ayudas”.
Decenas de trabajadoras murieron durante la pandemia tras exponerse al coronavirus, en parte porque no tenían equipo de protección. Un estudio realizado en 2020 por investigadores de salud pública de Oxfam en tres estados indios reveló que al menos el 25 por ciento de las trabajadoras de la salud no recibieron cubrebocas, y solo el 62 por ciento recibió guantes.
Una trabajadora, Geeta Devi, se contagió de COVID-19 en un hospital, adonde había acompañado a una mujer embarazada a dar a luz en el estado norteño de Himachal Pradesh. Cuando enfermó, su esposo tuvo problemas para conseguirle una cama.
“Murió mientras ayudaba a la gente, sin cuidarse a sí misma”, comentó su esposo, Rajvansh Singh.
A pesar de los riesgos, las trabajadoras de la salud de todo el país atendieron a pacientes con coronavirus, proporcionaron paquetes de medicamentos, aislaron a los pacientes y, en ocasiones, les entregaron alimentos a los que estaban en cuarentena. Sus funciones más importantes fueron promover la vacunación y garantizar el acceso continuo a los servicios médicos esenciales cuando los hospitales se quedaron sin camas.
Varias mujeres narraron que aldeanos enfadados las golpearon con palos y las persiguieron tras los rumores publicados en redes sociales de que las vacunas contra la COVID-19 habían matado a personas o que las habían vuelto infértiles.
“Las personas leían mentiras en las redes sociales y nosotras las motivábamos a que se vacunaran”, afirmó Seema Kanwar, que se dedica a esto desde 2006. “Les dijimos que nosotras nos habíamos aplicado la vacuna y no habíamos muerto; ¿por qué se iban a morir ellos?”.
El ministerio de salud federal del país no respondió a los correos electrónicos solicitando comentarios sobre la muerte de las trabajadoras de la salud, la disponibilidad del equipo de protección y sus demandas de salarios más altos. El primer ministro Narendra Modi a menudo ha elogiado a las trabajadoras sanitarias por sus esfuerzos para implementar los planes de salud del gobierno.
Si bien la pandemia ha sido el centro de atención durante los últimos dos años, el mandato de las trabajadoras siempre fue más amplio, y ahora su atención vuelve a enfocarse en los problemas generales de salud que afectan a las mujeres y los niños.
La infraestructura de atención médica pública sigue teniendo un financiamiento insuficiente en la India, con una escasez de más de 600.000 médicos y dos millones de enfermeros, según un informe del Centro para la Economía y Política de Enfermedades, un grupo de investigación con sede en Washington y Nueva Delhi.
La India, un país de 1400 millones de habitantes, tiene un historial deficiente en materia de atención a la salud, sobre todo de mujeres y niños. La desnutrición está muy extendida y los índices de mortalidad materna e infantil son elevados. Entre las causas están la pobreza, el escaso acceso a los médicos en las zonas rurales, la resistencia a la medicina moderna y una arraigada negación de los derechos de las mujeres.
No obstante, las autoridades de la salud han logrado avances notables en los últimos tiempos para reducir los índices de mortalidad durante el parto. En marzo, el Ministerio de Salud declaró que el índice de mortalidad materna había bajado de 122 a 103 fallecimientos por cada 100.000 nacimientos entre 2015 y 2019. El objetivo fijado por Naciones Unidas de reducir la cifra a 70 antes de 2030 ahora parece alcanzable.
Como parte de esas acciones, la India presentó en 2005 un plan de salud que, entre otras cosas, incluía incentivos para dar a luz en un hospital.
Dada la dificultad de difundir el mensaje en zonas remotas y la desconfianza generalizada en los programas gubernamentales, el éxito habría sido imposible sin la confianza que las trabajadoras sanitarias se han ganado dentro de sus comunidades, según aseguran los expertos.
Todas las mañanas, Jadoun, licenciada en Historia, sale de su casa y en ocasiones debe cubrirse el rostro con su sari cuando hay hombres cerca, una señal de respeto en las zonas rurales. Jadoun atiende una zona con miles de habitantes.
En una casa, le dio consejos a una mujer acerca de la preparación para el parto; en otra, anotó el nombre de una mujer que acababa de enterarse de que estaba embarazada. La va a monitorear, le dará pastillas de hierro y registrará su nombre en un hospital público cercano.
“No solo luchamos contra la superstición, sino también contra las prácticas tradicionales”, concluyó Jadoun. “Pero cuando veo que hay cero fallecimientos de mujeres durante el parto y gente sana a nuestro alrededor, me siento orgullosa de lo que hacemos”.
Anant Bhan, investigador de salud pública en la Facultad de Medicina de Melaka Manipal en el sur de India, dijo que la ventaja de las trabajadoras de la salud que viven dentro de las comunidades ayudó a que el país lidiara con las enormes brechas en la prestación de servicios de salud en los rincones más remotos del territorio.
“El desafío es que las trabajadoras de ASHA todavía son vistas como voluntarias y el gobierno espera que hagan mucho trabajo, sin recibir una compensación adecuada”, dijo.
Una tarde reciente, Sunita Jain, otra trabajadora de la salud en Rajasthan, caminaba por un callejón estrecho de casas de barro y ladrillo en un pueblo de Kolara. Estaba visitando a Diksha Sharma, cuya fecha de parto se acercaba.
Sharma dijo que su esposo quería que diera a luz a su segundo hijo en un hospital privado en una ciudad a decenas de kilómetros de distancia. Jain trató de convencerla de que dar a luz en un hospital público gratuito cercano era seguro.
“¿Me cuidarás?”, le preguntó a Jain. Su suegra escuchó atentamente la conversación. (En la India rural, las suegras suelen ser las que deciden sobre las cuestiones relacionadas con el parto).
“No solo te cuidaremos, sino que te acompañaré al hospital y me quedaré allí”, dijo Jain. “Confía en mí, todo estará bien, como la última vez”.
Sameer Yasir es reportero de The New York Times, y cubre la intersección entre la política identitaria, los conflictos y la sociedad. Se unió al Times en 2020 y reside en Nueva Delhi. @sameeryasir
